Las viviendas de alquiler social de Cataluña representan aproximadamente un 1,5% del total de viviendas de primera residencia, un porcentaje muy similar al de la media estatal que no llega, ni mucho menos, a los niveles medios europeos situados alrededor del 15 %.

Estos, fruto de un largo período histórico de dedicación de recursos públicos y de una legislación favorable, se demuestran como un mecanismo útil para cubrir las necesidad de buena parte de la población y convertirse en un elemento determinante en la formación de los precios del mercado libre. 

Hay que alcanzar niveles similares a los de la media Europea en cuanto a porcentaje de viviendas sociales de alquiler para amortiguar las ineficiencias del mercado libre y adecuar los precios de la oferta a las capacidades reales de la población.